La Corte se define sobre Milagro Sala

El máximo tribunal se encamina a tomar una decisión sobre la privación de la libertad de la dirigente social. Debe resolver dos recursos que plantean la nulidad de su detención. Solicitó el dictamen de la procuradora general para luego firmar un fallo.

La Corte Suprema se aproxima a tomar una decisión sobre la privación de la libertad de Milagro Sala. En su reunión plenaria de ayer, el tribunal resolvió pedirle a la procuradora general Alejandra Gils Carbó que dé su opinión en un dictamen, para luego firmar un fallo. Los jueces supremos deben resolver dos recursos presentados por la defensa de la dirigente de Tupac Amaru que plantean la nulidad de su detención: uno señala que como integrante del Parlasur tiene inmunidad de arresto; el otro cuestiona por arbitrario su encarcelamiento, ya que considera que no está fundamentado, y que de todos modos no existe peligro de que Sala entorpezca la investigación o se fugue, ni pruebas de los delitos por los que se le dictó prisión preventiva, que son (en dos causas distintas) tentativa de homicidio y asociación ilícita.  

La palabra de la Procuración no es vinculante para la Corte, pero es requerida y evaluada por los jueces en casos de fuerte relevancia institucional. El organismo tuvo hasta ahora una breve participación en el expediente a través de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que poco después del arresto presentó un dictamen que derivó en una denuncia contra los jueces Raúl Gutiérrez y Gastón Mercau y la fiscal Liliana Fernández de Montiel, que ordenaron la detención de Sala. El escrito decía que la dirigente tiene protección de sus fueros como parlamentaria del Mercosur, y que está ilegalmente detenida. 

En tribunales todo el mundo daba por hecho que los jueces le pedirían opinión a la Procuradora sobre la cuestión de la protección de la inmunidad de arresto de Milagro Sala, porque se trata de una cuestión federal, donde se discute la interpretación de una ley nacional, la que regula la elección de parlamentarios del Mercosur y dice que en el derecho interno se asimilan a los diputados nacionales. Pero causó sorpresa que también le requirieran a Gils Carbó que dictamine sobre la arbitrariedad de la detención. Nadie imagina que la jefa de los fiscales adopte una posición adversa a la dirigente, por sus criterios en materia de derechos humanos y por el peso que le otorga a la palabra de los organismos internacionales, como en este caso el Grupo de Trabajo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias que, precisamente, advirtió sobre la arbitrariedad en el caso Milagro. Suponen, entonces, que darle participación podría ser indicador de que el tribunal abriría el recurso extraordinario para analizar las razones de la prisión preventiva e incluso el tenor de las evidencias de los expedientes contra Sala. No para emitir necesariamente opinión de fondo sino, quizá, para ordenarle al Superior Tribunal de Jujuy que emita un nuevo fallo. Por ahora son suposiciones, con cierta lógica. 

El primer gesto que dio la Corte de que se estaba ocupando del tema, fue ordenar una medida para que haya una evaluación del estado de salud de Sala, la atención que recibe en comparación con otras detenidas y sus condiciones de detención. La iniciativa de los supremos surgió después de que por el informe de una psicóloga que atiende a la mujer en la cárcel se conoció que se había autoagredido después de una discusión con otra interna y al recibir la noticia de que le notificarían tres nuevas causas. La psicóloga María Laura Aguirre dio cuenta de la situación y de que la Sala atravesaba una “crisis de angustia”, “sintomatología depresiva”, “llanto recurrente” y hasta “ideación suicida”. Dijo que no estaba en condiciones de ir a notificarse de nada, pero la llevaron igual. En los últimos días tanto la dirigente como la psicóloga fueron entrevistadas por los especialistas del Cuerpo Médico Forense que debían hacer la evaluación que dispuso el tribunal. 

Las causas que tramitan contra Sala son once, y sobre el estado en que se encuentran también la Corte pidió un informe. Las que determinan la detención son dos, y no están relacionadas con el acampe de protesta frente la gobernación que fue la que la condujo originalmente al penal de Alto Comedero. En una causa está acusada de tentativa de homicidio a raíz de un tiroteo entre dos hombres (Milagro Sala no estaba) donde fue herida una niña: el principal acusado, Jorge Páez, estuvo siete años prófugo y de pronto volvió y dijo que Sala lo mandó a atacar. Páez fue sobreseído, y ella imputada. La otra causa es por asociación ilícita y extorsión en el presunto desvío de dinero destinado a cooperativas para viviendas sociales. La defensa insiste en que son causas armadas, carentes de pruebas, y que no existe motivo alguno para pensar que haya peligros procesales (de fuga o entorpecimiento).  

La procuradora no tiene plazo para dictaminar, pero todo indica que no dilataría su definición. En la Corte, todos los jueces  analizan el caso en forma simultánea.
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