ARGENTINA MARCHA ATRÁS: Retroceso en Derechos Humanos


21/03/2017 - Duras críticas al Gobierno en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. “En Jujuy no rige la Constitución” –aseguró el titular del CELS, Horacio Verbitsky–; “el Gobierno quiere ser juez y parte”. Los funcionarios de la CIDH reclamaron por el decreto migratorio de Macri.

EL GOBIERNO TUVO QUE DAR EXPLICACIONES ANTE LA CIDH POR LA REPRESIÓN EN JUJUY Y LA POLÍTICA MIGRATORIA: Flojos de argumentos para justificar sus políticas. Los relatores del organismo internacional se preocuparon por la situación de Jujuy. Hubo audiencia de oficio por migración.



Por Ailín Bullentini

21/03/2017 - El Estado argentino tuvo que dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para justificar decisiones y medidas por las que fueron denunciados y que ponen en peligro los derechos de las personas. Y a los ojos de referentes de organizaciones sociales y sindicales que participaron en las audiencias, falló. Ante la denuncia  sobre la intensificación de la persecución y criminalización del derecho a la protesta por parte del gobierno jujeño de Gerardo Morales, representantes del Gobierno plantearon casos de “ejercicio abusivo” de ese derecho y reconocieron, incluso, que iniciaron procesos judiciales contra personas por protestar. “Eso tiene un efecto intimidatorio sobre el conjunto, como lo tiene la prisión arbitraria de Milagro Sala, es lo que vinimos a denunciar y lo que quedó en evidencia”, advirtió Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de las denunciantes. Luego, la comitiva oficial tuvo que responder por qué el Gobierno modificó por decreto de necesidad y urgencia la Ley nacional de migraciones. “Sorprendió que el Estado no haya dado ante el organismo internacional las explicaciones que da a nivel nacional. No hablaron de delincuencia ni de respuesta al crimen organizado como justificativo de los cambios a la ley. Lo único que dijeron es que había una demora en los procesos, lo cual es pobrísimo a la hora de explicar por qué se recortan los derechos del migrante para solucionarlo”, evaluó Diego Morales, director del área de Litigio del CELS.



Represión en Jujuy

Así se llamó la primera de las audiencias que tuvo lugar temprano en la mañana de ayer, en la sede central de la CIDH en Washington. Allí, ante el titular del organismo internacional, Francisco Eguiguren, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y el fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda, debieron afrontar las denuncias sobre la utilización en esa provincia de “procesos penales, contravencionales y administrativos para limitar la protesta, la libertad de expresión y la libertad de asociación”, realizadas tiempo atrás por el CELS, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, Amnistía Internacional y los sindicatos de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy y de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (Soea de la Esperanza).

Belissa Guerrero Rivas, de la Oficina Regional de AI, inauguró la audiencia contextualizando la situación en Jujuy como “diseñada y articulada para responder a los conflictos sociales a través de la represión y la criminalización como medida de disciplinamiento”. Rafael Vargas, de Soeail, y Oscar Nuttini, de Soea, ejemplificaron con lo que sufrieron en carne propia: ahogo económico a las organizaciones, persecución judicial a sus referentes y represión policial comandada desde las empresas. Elena Chaves, de Andhes, remarcó las vulneraciones del derecho a la protesta social que habilita el Código Contravencional jujeño y culminó la introducción Verbitsky. “Hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta de un gobierno que quiere ser juez y parte. Se priva a quienes protestan de sus derechos civiles y políticos de manera anticonstitucional y anticonvencional”, advirtió.

La exposición de Miranda giró en torno de las acciones que permite y limita ese código que rige la vida cotidiana en Jujuy. En ese sentido, resaltó que el código “no desconoce el derecho de reunión, de peticionar y de libertad de expresión”, pero lo contrapuso a un “ejercicio abusivo de derecho”, y  justificó las causas abiertas contra los dirigentes por impedir la circulación y calificó el acampe en la Plaza Belgrano como “un sitio al centro de la Ciudad”.

Los relatores de la CIDH Paulo Vanucci, Esmeralda Arosemena de Troitiño y Edison Lanza se mostraron preocupados por la vigencia de la libertad de asociación en Jujuy. Lanza destacó que la protesta no puede convertirse en un enunciado teórico: “Estamos todos de acuerdo en que la libertad es fundamental, pero si este Código contravencional puede convertir en ilegal la ocupación de un espacio público, genera problemas”, postuló y recordó el corte del puente de Gualeguaychú durante más de dos años. Solicitó información sobre la disolución de asociaciones que estaban vinculadas a la protesta. Por último, remarcó que desde el punto de vista de los estándares internacionales las protestas no se transforman automáticamente en ilegales por el hecho de que haya un corte de ruta o de calle.

Preocupación de oficio
La segunda audiencia en la que el comportamiento del Gobierno de Cambiemos fue puesto bajo la lupa tuvo lugar cerca del mediodía y fue impulsada por la propia comisión. El comisionado a cargo de la relatoría sobre derechos de los migrantes de la CIDH, Enrique Gil Botero, la solicitó a propósito del DNU número 70/2017 con el que el Ejecutivo modificó la Ley nacional de Migraciones restringiendo los derechos de las personas extranjeras que buscan en el país un lugar donde establecerse. “La CIDH fue un actor fundamental en la elaboración de esa ley, que colocó a Argentina como modelo regional de política migratoria alineada al respeto de los derechos humanos, por eso vio con preocupación la aplicación de ese decreto que significa un retroceso en ese aspecto, preocupación que el Estado argentino no supo justificar”, explicó Diego Morales en diálogo con este diario.

Al comenzar la audiencia, Eguiguren –que estuvo acompañado del vicepresidente, James Caballero– advirtió que la relación entre migración, delito, xenofobia y estigmatización que la modificación promueve. Morales insistió en que “el DNU establece un procedimiento sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia”. La integrante de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, Gabriela Liguori, destacó que la modificación “viola el derecho a la unidad familiar al eliminarlo como criterio para evitar expulsiones y detenciones”, mientras que Nengumbi Sukamam, integrante del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, advirtió que el DNU “habilita un racismo institucional que se manifiesta en tratos discriminatorios en los hospitales, las escuelas y sobre todo a través de la violencia policial”.

La comitiva oficial, integrada por Avruj y el director nacional de Migraciones, Horacio García, insistió en que Argentina es “un país de puertas abiertas” y que “no quiere perseguir migrantes”. Avruj deambuló por la “riqueza” de las olas migratorias que recibió el país a lo largo de su historia y que por eso se lo conoce como “un mosaico de culturas”. Sin embargo, defendió el control sobre esa población: “La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos”, insistió.

Diego Morales, CELS: “No pudieron responder”

Comisión estuvo muy interesada en saber por qué el Estado argentino decidió retroceder como lo hizo en política migratoria y los representantes del Estado no supieron responderle”, resumió Diego Morales la audiencia en la que organizaciones defensoras de los derechos de migrantes explicaron los efectos “nocivos” del DNU 70/2017 con el que el Gobierno de Mauricio Macri modificó la ley nacional de migraciones y representantes del Poder Ejecutivo “no pudieron” justificarlo. 

–¿Cuán importante fue la audiencia para modificar la actitud argentina en el plano de política migratoria?


–Hay que entender por qué la CIDH llama a esta audiencia de oficio. En su momento, tuvo un rol fundamental en la elaboración de la ley migratoria argentina que el DNU vino a cambiar, que estuvo alineada a la protección de los derechos humanos, y el principal plano en el que el DNU retrocede. Es importante que siga interesándose la CIDH en este tema, y a su vez es un refuerzo, una confirmación, de lo que venimos planteando desde que amagaron con las modificaciones: que con ellas, Argentina vuelve a un modelo de regulación que Argentina había superado y ese modelo se concentra en reducir las garantías procesales de acceso a la Justicia que tienen los migrantes como solución a cualquier cosa. 

–La CIDH consultó sobre motivos para modificar la ley y motivos para hacerlo vía DNU, y ustedes evalúan que no cumplió con ninguna de las consultas. ¿Por qué?

–Las preguntas tuvieron que ver con pedirle explicaciones al Estado que no aparecieron. No explicaron cómo y en qué datos se basaron para definir que los inmigrantes inciden en las estadísticas carcelarias ni mencionaron razones para no debatir el tema en el Congreso. Es más, nos sorprendió que no hayan dado las explicaciones que dan a nivel nacional. No hablaron de delincuencia ni de crimen organizado. No lo plantean porque saben que es una explicación falaz. Lo único que dijo García fue que los procesos tardaban mucho y nosotros contestamos que por qué la solución a una cuestión administrativa había sido castigar al migrante, despojarlo de derechos. Tampoco contestaron. Esperemos que la comisión tome nota.

Rafael Vargas, delegado de Ledesma: “Nos persiguen”
Si los organismos que defienden los derechos humanos tanto adentro como afuera de Argentina no logran parar esto, que no extrañe que cada vez seamos más los presos”, advirtió el delegado del sindicato de  Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy (Soeail), Rafael Vargas. Se fue de la audiencia en la que la CIDH trató denuncias sobre persecución y criminalización de la protesta social en Jujuy “asombrado por la caradurez” de los representantes del Estado Argentino, esperanzado y “fortalecido”: “Iremos todos presos, pero no vamos a parar”, prometió el referente de un sindicato que volvió a funcionar en 2011. Ledesma y el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico militar habían logrado diezmarlo.

–¿Qué tipo de persecución denunció ante la CIDH?
–Dejamos en claro que este gobierno reprime a los trabajadores y a los pobres. Ocho miembros de la comisión directiva de Soeail estamos denunciados penalmente, dos asesores legales y por lo menos seis trabajadores, imputados. En 2011 retomamos las luchas, las protestas, las medidas de fuerza. Al no poder desarticularnos, la empresa hizo uso de sus influencias en los tres poderes de la provincia y nos persiguió con denuncias penales. El año pasado, la fuerzas de seguridad provinciales salieron a reprimirnos desde adentro de la empresa. La gente se indignó y llevamos el reclamo al Estado, nos fuimos a la ruta. Entonces, fue el gobernador el que empezó a presionar el juez para que reprima, pero no lo logró, por suerte. Lo que sí hizo fue multar al sindicato: 2.360 millones pesos por violar la conciliación obligatoria nos puso el Ministerio de Trabajo y 160 mil pesos por quemar de gomas.

–¿Cree que la audiencia ante la CIDH va a ayudar a solucionar las cosas? 

–Coincidimos en que trabajar junto a otras organizaciones estuvo muy bien. Creo que todos estamos sobreviviendo juntos esta realidad. Lo más importante es dejar en claro que no somos delincuentes, no le robamos nada a nadie y cada uno de los trabajadores encuentra en la manifestación la posibilidad de expresar su necesidad tanto laboral como económica en un tema tan delicado y sensible como lo es el ingreso que tiene cada familia.

Fuente: 21/03/2017 Página 12



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