Paz: “La detención que sufre Milagro Sala trae consecuencias jurídicas para el Estado nacional”

El viernes pasado entró en la Legislatura de la provincia de Jujuy un pedido de juicio político y destitución de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Clara Langhe de Falcone, firmado por la diputada del Parlasur Milagro Sala y el diputado provincial (Frente Unidos y Organizados) Juan Manuel Esquivel, patrocinados por el abogado Luis Hernán Paz.

El letrado explicó que el pedido de destitución de la titular de máximo tribunal de la provincia está fundado en que “está demostrada la vinculación y planificación que existe para defraudar y engañar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitaría Jujuy en mayo próximo”.

Esa vinculación quedó evidenciada en la investigación que publicó en Página/12 el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, donde se revelaron intercambios de correos electrónicos entre Federico Wagner, quien es apoderado legal del gobernador Morales e integra el estudio Gil Lavedra; la propia Clara De Langhe de Falcone y el fiscal de Estado de la provincia, Mariano Miranda.

“Esas comunicaciones denotan claramente la intervención del Poder Ejecutivo en la planificación y el diseño de la política criminal en la provincia de Jujuy, particularmente la persecución judicial orquestada contra la diputada del Parlasur Milagro Sala”, describió Paz y agregó: “Lo que veníamos sosteniendo y sospechando desde la detención de Milagro en enero de 2016, se corrobora con esta comunicación a través de correos electrónicos entre estas figuras”.

“Esto hace que se constituyan las causales de remoción de los funcionarios sujetos a juicio político, en este caso de la presidenta del STJ de Jujuy”, concluyó.

La Constitución de la Provincia de Jujuy, a través del artículo 203, establece cuáles son las causales de remoción de jueces, y el reglamento de la Legislatura establece el procedimiento para esta remoción. “La presidenta estaría incursa en que constituyen incumplimiento de los deberes a su cargo, que son contrarias a la Constitución Nacional y de la Provincia”, explicó el letrado.

La denuncia impulsa que la Legislatura investigue y destituya a esta jueza por el incumplimiento a los deberes a su cargo. En la primera sesión ordinaria de este período legislativo se deberá establecer la sala acusadora, juzgadora, y avanzar en la investigación.

Paz precisó que en este caso el incumplimiento estaría dado “al permitir que el Poder Ejecutivo interfiera en el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, siendo órganos independientes por la Constitución”.

“Nosotros creemos que existe una organización que tiene como fin sostener la detención arbitraria de Milagro Sala, y la planificación de cada uno de los actos de esta organización está siendo conducida desde el Poder Ejecutivo de Jujuy –indicó-; y hay elementos objetivos, como el intercambio de correos entre el apoderado de Morales; el Poder Ejecutivo provincial en la figura de Mariano Miranda, y el Judicial en la figura de Clara de Falcone”.

Pero hay algo más: Paz destaca como “muy grave” que en ese intercambio de comunicaciones también participa el Ejecutivo nacional a través de su representante de derechos humanos en la Cancillería, Leandro Despouy. “Esas pruebas son objetivas”, afirmó.

La Corte decide

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy resolvió conceder los dos recursos extraordinarios que había presentado la defensa de Sala para que la Corte Suprema de la Nación se pronuncie por la situación de la diputada del Parlasur, que este martes cumple 388 días de detención ilegal.

Son dos recursos extraordinarios que la defensa de la dirigente había interpuesto para que la Corte entienda sobre la privación de la libertad de Milagro, por dos vías: por un lado, por violación de sus fueros parlamentarios; y por el otro, porque su prisión preventiva no está justificada conforme a derecho por parte del juez de control de la provincia de Jujuy.

La Corte no tiene plazos para resolver estas cuestiones.

“Yo estoy seguro de que la presión internacional ejercida sobre la República Argentina tiene que movilizar estructuras dentro del Poder Judicial de Jujuy”, afirmó Luis Paz, en referencia a las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, la OEA, organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Now, que entendieron todos que la prisión de Milagro Sala es arbitraria.

Paz remarcó además que, contra lo que sostiene el gobernador radical Gerardo Morales, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas “ha tenido la posibilidad de revisar los expedientes, las presentaciones de la defensa de Milagro y también las presentaciones que hizo la Argentina a través de Cancillería”.

“Con todo eso, concluyen que la detención es arbitraria -repasó-. Me parece que hay un punto de inflexión en este sentido y que la concesión de los recursos extraordinarios a la Corte por parte del STJ se relaciona con esto. Y creo que no es menor este dato”.

Para concluir, advirtió: “La detención continua y permanente que sufre Milagro Sala trae consecuencias jurídicas para el Estado nacional, que es el responsable de esta detención desde el 21 de octubre de este año, a partir del informe del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. A partir de ese momento, el cumplimiento o no de las normas internacionales y el respeto o no a los derechos humanos, es responsabilidad del presidente Mauricio Macri, que es el principal responsable de esta detención. A mi entender, la Corte Suprema tiene los instrumentos necesarios para encaminar este desaguisado jurídico orquestado y organizado desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy”.
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