La Corte miró para otro lado: rechazaron planteos de Milagro Sala para que se investigue si su detención es ilegal. Por Irina Hauser

La Corte podría evaluar intervenir en el caso Sala en el pedido de nulidad de su arresto.
(Imagen: Pablo Piovano)

El máximo tribunal resolvió no tratar la denuncia de los abogados de la líder de la Tupac Amaru. La Cámara de Casación había señalado que debía intervenir porque estaba en juego la responsabilidad del Estado argentino.

Por Irina Hauser

28/12/2016 - Una gran demostración de la arbitrariedad con que los jueces administran los expedientes fue ofrecida ayer por la Corte Suprema al tratar y rechazar planteos en distintas causas contra Milagro Sala. Para empezar, dijo que es inadmisible que la Justicia federal investigue la (i)legalidad de la detención de la líder de la organización Tupac Amaru, a contramano de lo que había dispuesto por la Cámara de Casación Penal que incluso en su resolución  invocó la del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que en octubre reclamó la “libertad inmediata” de la dirigente. Para tomar esa decisión, a los supremos les bastaron cinco renglones: recurrieron a la fórmula conocida como “280” (el artículo del Código Procesal Civil) que les permite no dar explicaciones de nada. El máximo tribunal había recibido este recurso el jueves pasado. Pero junto con él resolvió otros tres que tenía guardados desde hace un año y les aplicó la fórmula mágica “280”: eran los pedidos de Sala y otros dos acusados para que en lugar de mandarlos a juicio les concedieran una probation. El juicio es el que está transcurriendo ahora, donde a ella se la acusa de instigar una protesta con huevazos y vidrios rotos contra el actual gobernador Gerardo Morales. Así, la Corte dejó pasar el tiempo, y el juicio empezó. Recién ahora le dice que no al pedido. Pronto deberá analizar reclamos por la libertad. 

Lo que queda en limpio es que, por la decisión de la Corte, solo la justicia de Jujuy está habilitada para investigar a sus propios integrantes que dejaron presa a Sala. Los denunciados fueron los jueces Gastón Mercau y Raúl Gutiérrez y la fiscal Liliana Fernández de Montiel. Los denunciantes, un grupo de parlamentarios del Mercosur que les atribuían por abuso de autoridad y prevaricato (fallar contra Derecho) e invocaban la protección de fueros de su compañera en el cuerpo, representados por los abogados Pablo Llonto, Elizabeth Gómez Alcorta y Damián Loreti. La propia Sala se sumó como querellante. Decían que la detención es ilegal y debe ser investigada por tribunales federales. La Procuraduría de Violencia institucional dijo lo mismo. Después de pasar por varios tribunales el tema llegó a la Casación. Para entonces ya se había pronunciado la ONU, por eso los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma alertaron sobre la posible responsabilidad internacional en la que incurriría el Estado argentino en caso de mantener presa a la dirigente en las condiciones actuales, que los expertos Grupo de Trabajo  evaluaron como arbitrarias. Avalaron que la justicia federal investigue la privación de la libertad. Los jueces de la Corte resolvieron esto en menos de cinco días hábiles. Lo rechazaron, y listo. Todo quedará dentro de la familia judicial de Jujuy, funcional a Morales.

Las otras tres resoluciones de la Corte se refieren a pedidos de Sala, Graciela López y Ramón Salvatierra para que en lugar de mandarlos a juicio por el caso de los huevazos les concedieran una “probation”. O sea, que se suspendiera el juicio pero ellos ofrecieran alguna reparación del supuesto daño, como tareas comunitarias. La abogada Gómez Alcorta está convencida de que cumplen con todos los requisitos para eso (no tener condenas, que se imputen delitos leves, que ofrezcan reparación). Pero ningún tribunal les concedió el pedido. A la Corte Suprema llegó en diciembre de 2015. Estuvo dos semanas, desde fin de febrero, en la vocalía de Ricardo Lorenzetti; en la de Juan Carlos Maqueda estuvo una semana; en la de Elena Highton de Nolasco un día. Dio algunas vueltas más y en agosto quedó en el despacho de Lorenzetti, por cinco meses, hasta que a mediados de diciembre ya con el juicio en las narices se los trasladó a los jueces nuevos, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Gómez Alcorta planteó que las audiencias no debían empezar si la Corte no resolvía. Pero comenzó igual. En las audiencias de estos días quedó claro que Milagro Sala no estuvo en la protesta, ni hubo gente de la Túpac Amaru, y que los únicos dos testigos que la incriminan como instigadora son Cochinillo René Orlando Arellano y Cristina Noemí Chauque, una pareja de cooperativistas, él empleado de Morales en la gobernación. A la Corte le llevó un año firmar un “280” para rechazar la probation mientras el juicio está por terminar.

El juicio de los huevazos es una matriz, y fue un anuncio, de todo lo que vendría. Sala está presa por otras causas que se multiplicaron después de su detención por el acampe frente a la gobernación hace un año. En una de ellas la acusan de asociación ilícita y administración fraudulenta por supuestas irregularidades en el cumplimiento de convenios para la construcción de viviendas en los que no hay ni un cheque o papel firmado por ella. Allí pidió la nulidad de su detención y en otro planteo cuestionó la violación de la ley de fueros y las reglas de la prisión preventiva. El Superior tribunal de Jujuy (que Morales amplió con jueces propios) los rechazó. Ahora debe resolver si admite los recursos extraordinarios para que el tema ya pase a la Corte Suprema y que de una vez tome posición sobre la privación de la libertad de la dirigente.


Fuente: 28/12/2016 Página 12
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